El Estado Libre Asociado de Puerto Rico expresa la voluntad democrática de nuestro pueblo y su firme dedicación al enaltecimiento de la dignidad humana. Nace de un proceso político que tiene hondas raíces seculares en la lucha del pueblo por cuajar su personalidad, por afirmar su derecho, por crear su propia vida institucional, conforme a sus realidades y a sus aspiraciones.
Bajo España, Puerto Rico escogió el camino de la autonomía como forma de relación con la Metrópoli, que mantuviese con los lazos de una común tradición cultural el decoro de la libre autoridad política del pueblo. El paciente y tenaz heroísmo de la acción cívica, consiguió que España concediese la Carta Autonómica de 1897.
La Carta otorgó a Puerto Rico una buena medida de gobierno propio. Estableció su derecho a gobernarse por sí mismo, bajo un Gobernador General designado por España. Fue generoso reconocimiento de nuestra mayoría de edad si bien no ostentó el carácter de convenio entre pueblos. Tuvo vida breve; pero dejó fecundo ejemplo de eficaz tradición para el pensamiento y la acción política del hombre puertorriqueño.
En 1898, se puso de nuevo a prueba la fibra del país. Entramos en estrecho contacto con el pueblo de los Estados Unidos de América. Dos culturas, dos estilos de vida, tuvieron que aprender en arduo esfuerzo a desarrollar nuevas formas de comprensión y de respeto mutuo. Fue reto extraordinario y singular no ya para la vida de Puerto Rico sino para la convivencia de toda América.
En medio siglo, a ese reto hemos dado ambos pueblos originalísima respuesta, muy difícil de duplicar en otras partes. Hemos creado, a iniciativa de Puerto Rico, una asociación que salva y fortalece la personalidad cultural del país y sustenta su desarrollo económico y social. La asociación se basa en un convenio; el convenio, en el principio del consentimiento mutuo otorgado en libre y democrática forma por el Congreso de los Estados Unidos y por el pueblo de Puerto Rico.
Conforme a lo pactado, promulgamos el 25 de julio de 1952 la Constitución y con ella adquirió estructura admistrativa y figura histórica el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La Constitución que hoy rige al país es por tanto, un triunfo de la libre determinación puertorriqueña. Es prueba concreta asimismo del respeto y del fraternal entendimiento con que la gran democracia de los Estados Unidos ha visto y ha alentado la creación del pleno gobierno propio en Puerto Rico. En este sentido, el establecimiento del Estado Libre Asociado sobre firmes bases constitucionales, no es sólo un suceso de trascendental importancia en la historia de la isla. Es un magnífico y ejemplar logro de la democracia, en un mundo transido de agudas tensiones y conflictos y ensombrecido por la acción de fuerzas hostiles a la libertad humana.
Así lo ha hecho constar la Asamblea General de las Naciones Unidas en su histórica resolución del 3 de noviembre de 1953 en la que, tras de considerar a Puerto Rico como un "vínculo en la solidaridad continental," reconoce que "al escoger su nuevo status constitucional e internacional, el pueblo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha ejercido efectivamente su derecho de autodeterminación" y "ha sido investido de atributos de la soberanía política, que identifican claramente el status de gobierno propio alcanzado por el pueblo de Puerto Rico como entidad política autónorna".
